Endeudados hasta las orejas
NÚMEROS redondos, el Estado ingresará este año 350.000 millones de euros y gastará 410.000. Ese déficit de 60.000 millones se enjugará con el endeudamiento. No parece exagerado anticipar que este año 2013 la deuda pública alcanzará el billón de euros, una cifra acongojante, rozando el 100% del PIB.
La excelente política exterior de Rajoy y Margallo y la reforma laboral nos han acercado a la luz del túnel. Parece claro que, salvo circunstancias imprevisibles nacionales o internacionales, el presidente del Gobierno podrá anunciar en poco tiempo que España se descarga de la recesión y deja la crisis económica atrás, aunque los 5.000.000 de parados continúen desequilibrando la situación europea de nuestra nación.
El problema, en todo caso, es ya la deuda. Pesa más que la losa con que los falangistas taponaron en el Valle de los Caídos el cuerpo momificado del dictador Franco. Para saldar la deuda contraída, el Estado deberá ingresar 100.000 millones más de lo que gaste ¡durante 10 años! Escalar ese himalaya constituirá toda una proeza. Aparte del optimista impenitente y del voluntarista pertinaz, el sentido de la realidad exige afirmar que durante muchos, muchos años, pesará sobre la economía española la deuda galopante que hemos contraído. En 2014, solo por intereses de la deuda, sin disminuir el principal, el Estado deberá pagar 40.000 millones de euros, es decir, una cantidad similar a la que se dedica al presupuesto de todos los Ministerios.
Al límite ya el alza de los impuestos, el Estado, aun contando con que se ingrese más por la reactivación empresarial y económica, tendrá que gastar menos. El derroche público, el despilfarro, la suntuosidad, la desmesura, no pueden permanecer. Hay que meter la tijera y cortar por lo sano en las cuatro Administraciones: la central, la autonómica, la provincial y la municipal. Inútil poner ejemplos porque los hay a millares. La televisión autonómica de Valencia pagaba, antes del ere, a 1.800 empleados, número superior a los que trabajan en Antena 3, Telecinco, la Sexta y la Cuatro, sumados todos. Los parlamentos autonómicos derrochan cien millones de euros en diputados y asesores y nos cuestan 322 millones, a 264.000 euros cada escaño. Las bocas insaciables de los partidos políticos y los sindicatos muerden los presupuestos, y de lo que gastan desmesuradamente el 90% lo paga el dinero público. Los expertos consideran que es necesario reducir a la mitad el número de funcionarios, de colaboradores y asesores y eliminar de una vez la duplicidad de organismos.
¿Se tomarán las medidas adecuadas para reducir el gasto público contribuyendo a saldar la deuda que nos agobia? Me temo que no. La voracidad de los partidos políticos y de los sindicatos zarandea la vida española. Hay poco que hacer. En plena crisis económica la reducción del gasto público ha sido testimonial. ¿Por qué no se elimina, por ejemplo, el 90% de las cerca de 4.000 empresas públicas de las cuatro Administraciones, casi todas deficitarias? Porque en ellas están colocados los parientes, amiguetes y paniaguados de los partidos políticos y los sindicatos. No hay dirigente que se atreva a meter el bisturí a fondo en ese sector. Se amaga con tomar medidas y todo se queda en un maquillaje menor.
Los horizontes nacionales, antes emborrascados, ahora cada vez más abiertos y esperanzadores porque la crisis económica está a punto de superarse, se difuminan a causa de la deuda de la que pocos hablan y que se ha convertido en una espada de Damocles sobre la testa de España.
Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.